Por ejemplo, algunos países son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que establece medidas para la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada.
Las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.
Cuando dos naciones no tienen un tratado de extradición en vigor, se vuelve más complicado y en algunos casos imposible, llevar a cabo la entrega de una persona acusada o condenada por un delito en uno de los países al otro.
Mientras que son pasivas las solicitudes que recibe nuestro país de parte de gobiernos extranjeros, en virtud de encontrarse un prófugo de la justicia de dicho Estado en nuestro país.
En cuanto al procedimiento de extradición, la ley establece que la solicitud debe ser presentada por vía diplomática y debe incluir la información necesaria sobre la persona a extraditar y los delitos por los que se le acusa.
Un ejemplo de un proceso de extradición alternativo es el caso del empresario argentino Gastón Duzac, quien fue entregado temporalmente por Ecuador a Argentina para enfrentar cargos de estafa.
Aunque Paraguay tiene leyes y procedimientos específicos para la extradición, existen algunas limitaciones que pueden impedir que se conceda la extradición. Estas limitaciones incluyen:
En el caso de España, contar con acuerdos de extradición con otros países es vital para asegurar que los responsables de delitos no puedan eludir la justicia refugiándose en territorios extranjeros.
En Croacia, las regulaciones de extradición están establecidas en la Ley de Extradición de 2012. Esta ley establece los procedimientos y requisitos para solicitar y conceder la extradición de una persona acusada de un delito en un país extranjero.
Si la solicitud es considerada válida, se inicia un proceso judicial en el país requerido para determinar si se concede o no la extradición. Durante este proceso, se garantizan los derechos fundamentales del individuo, como el derecho a la defensa y el derecho a un juicio justo.
El juez deberá resolver go con o sin lugar la solicitud de extradición en un plazo máximo de 3 días. Si resuelve con lugar la extradición, el Juez pone al detenido a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores y se da por culminada la fase judicial.
Se han establecido salvaguardias adicionales para garantizar que las personas reclamadas tengan acceso a un juicio justo y que no se les someta a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El jurista indica que es clave que el Gobierno precise y la Corte Nacional de Justicia comprenda que el problema no es la Ley de extradición vigente, que se estaría contemplando actualizar, sino que lo necesario es suscribir nuevos tratados.
En Croacia, la ley de extradición se actualizó en 2018 para mejorar el proceso y garantizar una mayor protección de los derechos humanos de los sospechosos y acusados. La nueva ley establece un proceso más transparente y justo para la extradición, y también garantiza que las personas que sean extraditadas no sean sometidas a tortura, tratos inhumanos o degradantes, o a la pena de muerte.